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SECCION JURISPRUDENCIA
Responsabilidad laboral de socios y administradores de la sociedad empleadora

Reproducción del texto del fallo (enviado por el sistema informático de “Lexis Nexis”) sobre responsabilidad laboral de socios y administradores de la sociedad empleadora. ntrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Responsabilidad de socios y administradores. Alcances. Condena a las personas físicas sin haber demandado a la sociedad.







Fecha: 10/11/2006 13:12:55  21:14
 
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Espina, Nicolás G. v. Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. y otro

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 3ª

2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, 30 de agosto de 2006


El Dr. Eiras dijo:

…Se queja la recurrente porque la a quo rechazó la demanda en el entendimiento de que si bien la causa del despido directo dispuesto por la empleadora, debió haber sido acreditada por ésta, ante el desistimiento de la acción contra la sociedad demandada, resulta improcedente la extensión de condena en forma solidaria al socio codemandado en los términos del art. 54 ley 19550 (1).

Respecto de los pagos en negro, el actor sostuvo al demandar que la mayor parte del salario era abonada fuera del recibo de haberes, y tal extremo ha quedado probado con las declaraciones de los testigos Ávila (fs. 385/387) y Medina (fs. 421/422), quienes declararon que al menos el 50% del salario era pagado al margen de los recibos, coincidiendo ambas declaraciones en cuanto a los montos denunciados en el inicio. Las restantes declaraciones, por tratarse de personal administrativo, si bien da cuenta de la modalidad de pago, sostienen que lo único que abonaba la empresa era a través de los recibos de haberes, sin especificar ninguno de ellos haber visto cobrar al actor o puntualmente saber cómo y cuánto cobraba (ver fs. 424/430).

Ahora bien, encontrándose probados tales extremos, la condena por las diferencias salariales reclamadas y el posterior análisis de las multas de la ley 24013, sería factible en el supuesto en que la principal hubiere sido demandada -la acción hubiere continuado-. Digo ello porque, tal como lo sostuve al votar en la causa "Precioso, Jorge v. Jasnis Basano S.A. y otro s/despido" (SD. 87007, del 18/8/2005), al haber sido desistida la acción contra la sociedad demandada y al no conocer el estado del proceso de verificación en sede comercial, no existe condena que fije los alcances y la cuantía del crédito, y cuyo deudor sería la sociedad anónima.

Sostuve también en dicha oportunidad que el art. 54 ley 19550 establece una responsabilidad excepcional y limitada en relación con "los perjuicios causados", y su ejercicio y operatividad, presupone la existencia de una deuda impaga cuyo sujeto pasivo es el ente de existencia ideal.

Cabe tener en cuenta, que no sería razonable decidir una condena contra las personas físicas de una sociedad en los términos del art. 54 ley 19550, prescindiendo de la suerte que pudiera correr la demanda contra ésta, en particular si se repara en que en el terreno de las hipótesis, podría existir una decisión jurisdiccional que negara el crédito o lo estableciera sobre pautas o montos diferenciados.

Sin perjuicio de lo expuesto, en mi criterio tampoco prosperará la condena al coaccionado Bertolino por los motivos que expondré.

El párr. 3º del art. 54 ley 19550 establece que "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados".

Tal como vengo sosteniendo, dicha previsión legal, a mi juicio, sólo resulta aplicable cuando la persona jurídica ha sido creada con la única finalidad de violar la ley y frustrar derechos de terceros, pero no cuando la misma realiza uno o más actos de ese tipo (ver mi voto en autos "Frankenberger v. Del Sol Construcciones S.R.L. y otros", sent. 82960, del 20/11/2001 del registro de esta sala).

"El párr. 3º citado no está previsto para responsabilizar a los socios por los incumplimientos de los actos de la vida societaria, sino para los supuestos de uso desviado de la figura típica... como por ejemplo cuando una sociedad es ‘constituida’ (armada) para evitar el pago de impuestos que si no hubieran estado a cargo de otra; eludir la responsabilidad de una parte del patrimonio (sociedad del exterior) o la legítima hereditaria o e régimen patrimonial del matrimonio" (Carlos San Millan, "Responsabilidad personal de los socios por deudas laborales", TySS 1999-028).

En igual sentido, se ha señalado que "...la norma del art. 54 párr. 3º se refiere a la ‘actuación de la sociedad’ en la dirección reputada como disvaliosa, y ello lleva a efectuar una distinción central entre uno o muchos actos ilícitos cometidos por la sociedad y la actuación contraria a la ley, el orden público, la buena fe o los derechos de terceros. La diferencia, como se verá, no es sólo cuantitativa; es esencialmente cualitativa. El art. 54 párr. 3º ley 19550 sólo es aplicable al último caso" (Foglia, Ricardo A., "La extensión de la condena a los socios, administradores y cedentes de acciones de sociedades comerciales con dependientes ‘en negro’", TySS 1999-631).

No cabe duda que la falta de registración de la relación laboral, o su registración defectuosa, constituye una violación de la ley (arts. 52, 138 y 140 LCT. 7 ley 24013, 7 ley 24769 [3], 4 ley 25212 [4]), el orden público laboral (arts. 7, 12, 13 y 14 LCT.) y la buena fe (art. 63 LCT.). También coincido en que se trata de una conducta que frustra derechos de terceros: el trabajador, el sistema previsional, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresaria -en tanto se genera una competencia desleal respecto de los costos laborales- (conf. esta sala, sent. 73685, del 11/4/1997, in re "Delgadillo Linares, Adela v. Shatell S.A. y otros s/despido"). Sin embargo, ninguna de las normas señaladas establecen que, por dichas infracciones, los socios y representantes de las sociedades comerciales deban responder solidariamente con la sociedad, por todas la obligaciones que la misma tenga frente al trabajador víctima de la maniobra y, como ya señalara, tampoco se desprende tal circunstancia del art. 54 ley 19550.

Cuando el legislador ha querido hacer responsable a las personas físicas, por determinadas conductas de las personas jurídicas, lo ha hecho expresamente (art. 14 ley 24769) y, pese a encontrarse profusamente legisladas las consecuencias que deben afrontar los empleadores en caso de empleo no registrado o mal registrado (leyes 24013, 25323 y 25345), la única mención a la responsabilidad personal de socios o directores, es la ya citada del Régimen Penal Tributario, por lo que estimo que no cabe sino confirmar lo resuelto en el punto, sin perjuicio de disponer que, oportunamente, se efectúe la comunicación prevista por el art. 17 ley 24013 (arg. art. 499 CCiv. En igual sentido, C. Nac. Trab., sala 1ª, "Crespi, Karina V. v. Instituto del Centenario S.R.L. y otros", 21/9/1999; "Tegler Moreno, Augusto A. v. Truper S.A. y otro s/despido" [5], 6/11/2000; sala 8ª, "Bengolea Gutiérrez, Elizabeth G. v. Ganon S.R.L. y otros", 16/5/2000; sala 2ª, "Fasanella, Juan v. Establecimientos Mirón S.A." [6], 13/11/2000; "Wild, Jorge v. Plamet S.R.L. y otro", 26/6/1998, "Schwartz, Ernesto S. v. Química Pichel S.R.L. y otros", 21/11/1996; sala 4ª, "Fontes, Hugo M. y otro v. Consorcio Conexim S.R.L. y otros", 22/2/2001).

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo propicio confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de recurso y agravios. Imponer las costas de la alzada en el orden causado atento el modo de resolverse la cuestión. Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes por sus trabajos en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.



La Dra. Porta dijo:

…Con posterioridad el actor desistió de la acción contra la sociedad, en atención a lo dispuesto por el art. 133 ley 24522 (7) dado que aquélla se encuentra concursada (fs. 95 a 104)….

…Valoro al respecto que tanto la empresa empleadora como la persona física demandada negaron la fecha de ingreso que se atribuyó el actor en el escrito inicial, pero no indicaron cuál era en su tesitura la correcta, por lo considero que aquéllos no cumplieron la carga prevista por el art. 356 inc. 2 CPCCN. (8).

Los testimonios de Ávila y Medina demuestran que el demandante percibía parte de sus salarios al margen de los recibos…

…Los testimonios aportados por la empresa no logran descalificar dichas manifestaciones pues carecen de valor probatorio…

Considero acertada la conclusión de la jueza referida a que el vínculo se extinguió por la decisión de la empresa…

Con todo respeto discrepo con mi distinguido colega, Dr. Eiras, en relación con la responsabilidad del socio Hugo R. Bertolino ya que en el caso está demostrado que la sociedad empleadora Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. abonó parte del salario al margen de los recibos así como que aquél además de ser socio de la aludida persona jurídica actuó como vicepresidente y presidente del directorio de la entidad…

Si bien tengo presente lo decidido al respecto por la Corte Sup., "Palomeque, Aldo R. v. Benemeth S.A. y otro" (9) (P.1013 XXXVI, del 3/4/2003) considero que en el caso corresponde determinar, de acuerdo con la interpretación de las normas que rigen la materia y de la valoración de elementos de hecho con sujeción a las pruebas aportadas al expediente, si se configura un supuesto que justifique extender la condena -en forma solidaria- a la persona física demandada.

Esta sala, por mayoría, extendió la responsabilidad de los socios y administradores de la sociedad con fundamento en los arts. 54, 59 y 274 ley 19550 al acreditarse la existencia de pagos en negro o bien la falta de registro del vínculo, pues consideró que tales conductas constituyen un típico fraude laboral y previsional, ya que tienen normalmente por objeto y efecto disminuir en forma ilegítima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias o indemnizatorias y en los aportes al sistema de seguridad social. El pago en negro perjudica al trabajador, que se ve privado de aquella incidencia; al sector pasivo, que también es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial en general en cuanto, al disminuir los costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición, para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley y si bien no puede considerarse que el pago en negro encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un recurso para violar las leyes de trabajo y seguridad social, el orden público laboral, la buena fe que se requiere del empleador y para frustrar derecho de terceros, por lo que cabe responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios que hicieron posible esa actuación de la sociedad (ver en sentido análogo, entre muchas otras, sent. 73685, del 11/4/1997, "Delgadillo Linares, Adela v. Shatell S.A. y otros", sent. 74792, del 23/9/1997, "Vidal, Miguel S. v. Mario H. Azulay y Asoc. S.A. y otros", sent. 78009, del 17/12/1998, "Luzardo, Natalia V. v. Instituto Oftalmológico S.R.L. y otros").

Asimismo, se tuvo en cuenta que en el supuesto de una vinculación total o parcialmente clandestina o de pagos "en negro" no existe un simple, aislado y mero incumplimiento legal como sería el caso de falta de pago de créditos al trabajador sino una actuación destinada a incumplir la ley (laboral, impositiva, comercial, etc.), existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. El pago en negro o el mantenimiento de la relación en la clandestinidad no constituyó un hecho aislado sino una metodología de gestión y administración empresarial, una práctica generalizada encaminada a ocultar el verdadero desenvolvimiento de la sociedad (en sentido análogo, sent. 85047, del 18/7/2003, "Benalal, Moisés L. v. Limsmeril S.R.L. y otro", sent. 82960, del 20/11/2001, "Frankenberger, Roberto v. Del Sol Construcciones S.R.L. y otros", sent. 82979, del 23/11/2001, "Zabai, Mario A. v. Carmelo Sciacca e Hijos S.A. y otros", del registro de esta sala).

Este tribunal valoró de modo especial que el art. 54 ley citada permite desestimar la personalidad cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros y sostuvo que la llamada teoría de la penetración o prescindencia de la personalidad constituye un recurso excepcional que debe aplicarse sólo en aquellas situaciones en las que existe la absoluta certeza de que se ha abusado del esquema societario para alcanzar fines contrarios a la ley (en sentido análogo, sent. 47537, del 4/11/1997, "Ibelli, Emilio v. Dam S.R.L. s/despido", del registro de esta sala).

En el caso de la sociedad anónima los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los otros socios y los terceros, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del citado art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave (art. 274).

Vale decir que en este tipo de sociedades el director no responde personalmente por el acto realizado regularmente en su calidad de tal; la imputación de los actos es exclusivamente a la sociedad; en cambio, responde ilimitada y solidariamente si se acredita alguno de los extremos de hecho que contempla el citado art. 274 (en sentido análogo sent. 86090, del 25/8/2004, en autos "González Espino, Antonio B. y otros v. Suipacha 732 S.R.L. y otro s/despido", del registro de esta sala).

No puede soslayarse que en el caso, el demandado Bertolino actuó en su doble calidad de socio y administrador, por lo cual la responsabilidad directa que le cabe a la sociedad como empleadora se extiende a aquél, ya que con su propia actitud hizo posible aquellas maniobras contrarias a la ley y contravino deberes de conducta que impone el actuar con buena fe como un buen empleador y como un buen hombre de negocios (arts. 62, 63 LCT., 59 ley 19550).

Es mi criterio que la solidaridad pasiva que establecen tanto las normas laborales como las comerciales debe interpretarse a la luz de lo que al respecto dispone el Código Civil, ya que éste precisa que la obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores (art. 699). Tampoco debe perderse de vista que la Ley de Sociedades como ley especial está incorporada al Código de Comercio, el cual prescribe en el título preliminar y en el art. 207 la aplicación supletoria de las normas civiles. Motivo por el cual no hay duda que la solidaridad pasiva debe interpretarse de conformidad a lo preceptuado por el citado art. 699 y ss. CCiv.

En consecuencia, en esta clase de obligaciones el acreedor posee el ius electionis, el derecho de elegir contra cuál de los deudores solidarios dirigirá su pretensión, así puede requerirla a cualquiera de ellos o a todos, simultánea o sucesivamente. Ello no implica que las prestaciones se sumen, se acumulen o se dividan, en este caso salvo voluntad expresa del acreedor, sino que, por el contrario, subsisten en su identidad y continúan siendo una sola. Se trata de una única e idéntica prestación, se debe el todo, la deuda sólo puede satisfacerse de una vez y la calidad de deudor se ostenta simultáneamente y si la obligación se extingue, se extingue para todos los deudores.

Los autores coinciden en que la ventaja práctica de la solidaridad pasiva radica en poner a disposición del acreedor varios patrimonios para una sola y misma prestación, sin que el codeudor pueda oponer el beneficio de división ni valerse de la llamada garantía del codeudor solidario. Este instituto apunta a la seguridad del acreedor para quien constituye el sistema más perfecto de garantía personal puesto que lo pone a cubierto de la insolvencia de cualquier deudor al poder exigir la responsabilidad de otro cualquiera de los deudores. La solidaridad pasiva ha sustituido a la simple fianza pues constituye una garantía más adecuada, perfecta y cómoda por ello el deudor solidario no goza del beneficio de excusión que tiene el fiador ni es necesario demandar previamente al supuesto deudor principal para recién después poder ejecutar al fiador, todos los deudores solidarios están ubicados en el mismo plano, todos revisten el carácter de deudores sin que los haya principales o secundarios. El hecho de que varios codeudores queden vinculados por la totalidad del débito importa mejores perspectivas de cobro para el acreedor que tendrá varios patrimonios en pie de igualdad afectado al pago de la deuda. Se trata de una forma anómala, heterodoxa de garantía (Montes, Cristóbal, "La estructura y los sujetos de la obligación", 1990, p. 254, citado por Ramón D. Pizarro al tratar el tema en "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", t. A, Parte general. Obligaciones, dirigida por Alberto J. Bueres y coordinada por Elena Highton, 2004, Ed. Hammurabi, p. 663, "Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, anotado y concordado", dirigido por Augusto C. Belluscio y coordinado por Eduardo E. Zannoni, t. 3, 1981, Ed. Astrea, p. 302; Llambías, Jorge J., "Código Civil anotado. Doctrina y jurisprudencia", t. II-A, 1979, Ed. Abeledo-Perrot, p. 509; Mancini, María del P. y Pizarro, Ramón D., "Algunas reflexiones en torno a las obligaciones solidarias en el Derecho del Trabajo", p. 51; "La Solidaridad en el Contrato de Trabajo", Revista de Derecho Laboral, Antonio Vazquez Vialard y Valentín Rubio (dirs.), t. I, 2001, Ed. Rubinzal-Culzoni, "Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas"; Gagliardo, Mariano, 1995, Ed. Abeledo-Perrot, p. 722).

Conviene recordar que para que la obligación sea solidaria basta con que la ley expresamente la haya declarado solidaria, como es el caso de las citadas normas comerciales (arts. 54, 59, 157, 274 ley 19550, 701 Código ya citado).

El art. 705 CCiv. claramente dispone que el acreedor puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera de ellos, puede asimismo, exigir la parte que a un solo deudor corresponda y si reclamase el todo contra uno de los deudores y éste resultase insolvente puede reclamarlo contra los demás.

Considero que no existe ningún impedimento para que el acreedor laboral, que ve cercenada la satisfacción de su crédito por parte de la sociedad empleadora porque resulta insolvente, lo reclame a quien, como en el caso, ha incurrido en una violación de la ley, conducta que como señalara le ha producido un daño concreto y actual.

En mi criterio no existe ninguna disposición legal, civil, comercial o laboral, que impida la aplicación del citado art. 705 a las obligaciones solidarias que consagra la Ley de Sociedades porque justamente la norma civil establece la facultad de dirigir la acción contra los otros codeudores solidarios cuando en un primer momento se reclamó la deuda por entero contra uno solo de ellos y este deudor resultó insolvente. Halperín señala que los terceros conservan su acción individual, incluso en caso de concurso de la sociedad (art. 279 ley 19550), por los derechos propios que han sido lesionados por el director, así no sólo por los daños delictuales o cuasideliectuales sino también en supuesto de complicidad en inejecución dolosa o fraudulenta de obligaciones contractuales (conf. Halperín, Isaac y Otaegui, Julio C., "Sociedades Anónimas", 1998, Ed. Depalma, p. 557).

No puede perderse de vista que la finalidad protectoria que caracteriza al derecho del trabajo (conf. art. 14 bis CN.) resulta claramente compatible con esta interpretación, pues la solidaridad así entendida proporciona al acreedor laboral, al trabajador, una intensa garantía que hace posible la percepción de sus créditos en atención a la naturaleza alimentaria de éstos.

La violación genérica de la ley o los daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave y, en general cualquier responsabilidad que cupiere al administrador frente a terceros es siempre de tipo delictual o cuasidelictual (conf. Zaldívar, Enrique y otros, "Cuadernos de Derecho Societario", vol. III, 1977, Ed. Abeledo-Perrot, p. 526). En consecuencia, se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual por tratarse de un hecho ilícito que causa daño directo en el patrimonio de terceros.

Conviene recordar que para el Código Civil el acto ilícito es el acto voluntario expresamente prohibido por las leyes (art. 1066) y se llama delito al acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro (conf. art. 1072), no hay duda que tanto el registro defectuoso del vínculo como el pago de la remuneración al margen de los registros, constituye un ilícito civil y la obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal (art. 1081 CCiv.).

En el caso la acción contra el presidente del directorio resulta procedente, dado que éste no invocó ninguna circunstancia que lo eximiera de la responsabilidad que le cabe por el incumplimiento de la ley (conf. art. 274 ley 19550) y el daño sufrido por el reclamante es bien concreto pues está representado por sus créditos laborales insatisfechos, ya que aún no obtuvo una decisión favorable en sede comercial (fs. 349).

No advierto ningún impedimento para dictar el presente pronunciamiento pues, en definitiva, el acreedor no podrá cobrar por entero la deuda a ambos deudores y este fallo una vez firme y consentido surtirá efectos de cosa juzgada respecto de la acción intentada ante el proceso universal (conf. art. 715 CCiv., texto conforme ley 17711 [10]).

En síntesis, por los fundamentos expuestos y oído que fue el fiscal general (fs. 360/ vta.), propicio revocar el fallo de grado y acoger la demanda y condenar al demandado Hugo R. Bertolino (en sentido análogo, SD. 87007, del 18/8/2005, "Precioso, Jorge v. Jasnis y Basano S.A. y otro s/despido" y doctrina que emana del plenario 309, dictado por esta Cámara, "Ramírez, María I. v. Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/despido", C. Nac. Trab., del 3/2/2006).

A la luz de tales constancias concluyo que el actor resulta acreedor del haz de reparaciones previstas para el caso de despido arbitrario así como de la porción de las remuneraciones abonadas en negro adeudadas desde junio a agosto de 2001 inclusive, el sueldo anual complementario sobre tal porción y parte proporcional 2º semestre año 2001, salario correspondiente a septiembre de ese año, vacaciones proporcionales (arts. 12, 123, 150, 155, 156, 231, 232, 233, 245 LCT.).

Al no haberse demostrado que el actor haya practicado la comunicación a la AFIP. que exige el art. 11 ley 24013 (texto conf. art. 47 ley 25347), no resulta procedente la reparación prevista por el art. 10 de dicho cuerpo legal (fs. 105, 111 y 173). En cambio, cabe acoger la contemplada por el art. 15 de dicha ley, toda vez que su procedencia no está supeditada a aquella comunicación (en sentido análogo, SD. 86167, del 29/9/2004, "Quevedo, Claudio J. v. Quevedo, Alejo A. y otros s/despido"; SD. 87335, del 30/11/2005, "Pizzini, Ángel S. v. Club Atlético Atlanta Asoc. Civil s/despido", ambas del registro de esta sala; Corte Sup. del 31/5/2005, "Di Mauro, José S. v. Ferrocarriles Metropolitanos S.A. E. L. y otro s/despido").

De igual modo resultan procedentes las pretensiones sustentadas en los arts. 2 ley 25323 y 45 ley 25345 pues el actor intimó, sin éxito, a la empleadora tanto por el pago de las reparaciones por despido como por la entrega de los certificados contemplados por el art. 80 LCT. (fs. 107, recibida por la empresa, fs. 173)…

En cambio, propicio rechazar la pretensión que tiene por objeto la entrega de los certificados previstos por el art. 80 LCT., pues la condena solidaria no puede extenderse en este aspecto, ya que la solidaridad existente entre la empresa Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. y el codemandado Hugo R. Bertolino, no constituye al actor en dependiente directo de este último, motivo por el cual mal podría estar obligado a entregar las certificaciones de trabajo pretendidas. En otras palabras, al no haber sido el codemandado Hugo R. Bertolino empleador del actor en sentido estricto, sino sólo responsable en virtud de un vínculo de solidaridad, no puede hacer entrega de las referidas constancias porque carece de los elementos necesarios para su confección (en sentido análogo, SD. 72581, del 23/10/1996, "Massoni, Héctor J. y otros v. Giannivelli, Héctor R. y otro" [11], del registro de esta sala)…

El Dr. Guibourg dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la Dra. Porta.

Por lo tanto, el tribunal resuelve: I) Revocar la sentencia apelada. II) Hacer lugar en todas sus partes a la demanda interpuesta por Nicolás G. Espina contra Hugo R. Bertolino, hoy fallecido y, en consecuencia, condenar a quienes resulten sus sucesores, entre ellos, Lucas T. Bertolino Mesegue -hijo menor del causante-, Julia Chamorro Turiel, Carolina I. Bertolino y Betina Bertolino a abonar al reclamante la suma de…

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse.- Elsa Porta.- Roberto O. Eiras.- Ricardo Guibourg. (Sec.: Liliana N. Picón).


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